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CONTRALORÍA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS: JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DESTACADA DE JULIO

Actualizado: feb 11



Como ha ocurrido en los últimos meses, la Contraloría ha seguido ejerciendo sus potestades dictaminantes, pronunciándose tanto de oficio como a petición sobre distintas materias relacionadas a la legalidad administrativa.


Sin embargo, dadas las circunstancias de la crisis sanitaria, varios de estos pronunciamientos han abordado el funcionamiento de la administración en una situación extraordinaria desde distintos ámbitos.


Sin embargo, dadas las circunstancias de la crisis sanitaria, varios de estos pronunciamientos han abordado el funcionamiento de la administración en una situación extraordinaria desde distintos ámbitos

Así, nuestro equipo ha seleccionado algunos de los dictámenes de nuestra Contraloría General durante el mes de julio que guardan relación con la pandemia:

DICTAMEN E19942 del 17/7/2020.


La Universidad de Chile formuló una consulta a la Contraloría General, respecto a si puede dictar un cuerpo normativo que permita a los profesionales funcionarios de su Hospital Clínico, que estén exentos de la obligación de prestar servicios de guardia nocturna y en días festivos según el artículo 44 de la Ley N° 15.076, volver a desempeñarse en esas labores para ayudar a enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19.


La norma a la que se alude, explica la Contraloría, contempla una liberación de guardias a los profesionales funcionarios que estén contratados por horas conforme a las normas del texto legal, y en la medida que acrediten haber prestado durante dicho lapso los servicios de guardias que indica el artículo 44.


Así, no queda al criterio de las universidades estatales la decisión de conferir o no la franquicia de que se trata a los profesionales funcionarios que laboran en ellas. Además, el artículo 40 de la misma ley señala que los derechos que concede son irrenunciables.


Sin embargo, considerando lo señalado en el dictamen N° 3.610, del 17 de marzo de este año, dada la situación de emergencia vinculada al brote de COVID-19, los jefes de servicios podrán adoptar medidas de gestión interna de carácter extraordinario.


Adicionalmente, considerando la misma emergencia como configuradora de un caso fortuito, se permite adoptar medidas especiales que eximan del cumplimiento de obligaciones, o establecer modalidades de desempeño no permitidas por el ordenamiento en una situación ordinaria, con tal de asegurar la continuidad mínima de servicios públicos críticos, como aquellos que otorgan prestaciones de salud.


Por ello, se estima posible que la Universidad de Chile dicte una regulación de la naturaleza consultada, señalando que los funcionarios podrán volver a ejercer sus labores si así lo consienten.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E19942N20/html

DICTAMEN E201117 del 20/7/2020.


Se consultó a Contraloría, por una persona cuya identidad se reserva y la Municipalidad de Peñalolén, respecto a la posibilidad de resguardar el empleo de los obreros que trabajaban en obras de construcción con financiamiento público, cuyos plazos se vieron congelados por fuerza mayor a raíz del brote de COVID-19, y por el pago de gastos de las empresas a fin de mantener las obras paralizadas en esta situación.


La Contraloría hace presente lo señalado en los dictámenes 3.610 y 6.854, ambos de este año. En ambos pronunciamientos, las medidas que adopten los servicios deben observar como finalidad la protección de la vida y salud de los servidores, resguardar la continuidad del servicio público, y procurar el bienestar general de la población.


En lo atingente a la estabilidad del empleo, la Contraloría hace presente la aprobación de la ley N° 21.227, conocida como Ley de Protección al Empleo, que contempla medidas que protegen la estabilidad de los ingresos y fuentes laborales, suspendiendo la relación laboral y el pago de la remuneración de los trabajadores, que recibirán las prestaciones propias del seguro de cesantía.


Respecto a la aplicabilidad del dictamen 6.854, en caso de la empresa haberse acogido a la ley anteriormente señalada, esta se descarta. Ello, por cuanto el dictamen aludido señala que el pago de los proveedores, cuando los contratos no se cumplan de acuerdo a lo pactado por el cierre total o parcial de las oficinas o instalaciones de órganos públicos, procederá en lo inmediato “siempre que los proveedores mantengan vigentes los contratos de los trabajadores adscritos al respectivo acuerdo de voluntades y acrediten el cumplimiento del pago de sus remuneraciones y de las obligaciones de seguridad social”.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E20117N20/html

DICTAMEN E20118 del 20/7/2020.


La Contraloría Regional Metropolitana remitió a la Contraloría General una presentación de la Asociación de Funcionarios Co-Docentes de Educación de la Dirección de Educación Municipal de la Ilustre Municipalidad de Santiago, reclamando contra el Ministerio de Educación por los cambios en el calendario escolar de la comuna que estableció la SEREMI de Educación, prolongando el año escolar hasta enero del 2012 producto del brote de COVID-19. Esto, se indica, contravendría las normas sobre el feriado de los asistentes de la educación, dictámenes de la Contraloría y de la Dirección del Trabajo.


Al respecto, se tiene presente que los dictámenes de la Dirección del Trabajo rigen para el sector privado, y la Contraloría solo tiene competencia para interpretar y fiscalizar normas aplicables a los asistentes de la educación dependientes de los municipios.


Dejando ello en claro, se señala que el artículo 23 del reglamento de la ley N° 19.070 establece que, por regla general, el año escolar abarca entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de cada año; y que el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 2009 y el Decreto N° 289 de 2010, ambos del Ministerio de Educación, entregan a las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación la atribución de elaborar los calendarios escolares.


Adicionalmente, la ley N° 21.109 establece que el feriado de los asistentes de la educación se extenderá “por el período de interrupción de las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente”.


Conforme a lo señalado, nada impide que la SEREMI de Educación postergue la finalización de las actividades escolares más allá del 31 de diciembre de cada año, lo que se condice con que el empleo de la voz “regla general” en el artículo 23 del reglamento de la ley N° 19.070.


Puede leerse el dictamen en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E20118N20/html

DICTAMEN E21309 del 23/7/2020.


La Intendencia de la Región de Aysén solicitó a la Contraloría General un pronunciamiento respecto a si tiene facultades para disponer de los vehículos y funcionarios de los servicios públicos de la misma región, con el objeto de hacer frente a las consecuencias de la pandemia.


Se señala que la ley N° 19.175 radica el gobierno interior de las regiones en el delegado presidencial regional, correspondiéndole ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, así como la adopción de las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe. Sin embargo, mientras los gobernadores regionales electos no asuman, estas funciones corresponderán a la figura del intendente.


Por su parte, el Decreto con Fuerza de Ley N° 22 de 1959, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior de la República, dispone que los intendentes no están autorizados para requerir el uso de vehículos pertenecientes a otros servicios públicos sino en los casos específicos de sus artículos 15 y 20. Estos casos especiales se verían configurados por la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, así como por la declaración de alerta sanitaria.


Así, la Intendencia Regional si puede, de modo excepcional, solicitar la utilización de los móviles de los servicios públicos sujetos a su fiscalización.


En lo que respecta al apoyo de los funcionarios de dichos servicios, estos deberán ser designados en comisión de servicio, conforme al artículo 75 del Estatuto Administrativo.


Puede verse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E21309N20/html

DICTAMEN E23890 del 31/7/2020.


La Contraloría General se pronuncia a propósito de una solicitud de la Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales, en torno a la suspensión del proceso de calificaciones en curso de los gobiernos regionales. En la especie la medida fue adoptada en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, pero estima que debería replicarse en todos los gobiernos regionales, dado que la actual contingencia no provee de condiciones para asegurar la calidad del proceso, como la percepción inmediata del trabajo realizado en forma presencial.


Se hace presente lo señalado en los dictámenes 3.610 y 9.679, ambos de este año. El primero señaló que, dada la contingencia sanitaria, los jefes de servicio pueden adoptar medidas de control interno de carácter extraordinario, y calificó la emergencia sanitaria como un caso fortuito que permite adoptar medidas como programas especiales de trabajo que permitan el ejercicio de control jerárquico. El segundo dictamen determinó que la adopción de las medidas de gestión corresponde a una decisión de mérito que compete a la respectiva superioridad, pudiendo, dentro del proceso calificatorio, suspender alguna de sus etapas o el proceso en su totalidad, atendiendo a las dificultades existentes.


Adicionalmente, se puntualiza que el carácter “personal” de ciertas actuaciones en el proceso calificatorio no se identifica necesariamente con la presencia física de los involucrados, ya que los medios tecnológicos permiten identificar a los participantes y registrar dichas diligencias; y que los subfactores a evaluar no necesariamente están asociados al desempeño presencial, en tanto la autoridad puede impartir instrucciones para que la evaluación se realice en base a parámetros compatibles con el trabajo a distancia.


En base a lo expuesto, se señala que compete a la superioridad de cada Gobierno Regional ponderar las circunstancias actuales y resolver las medidas que estime necesarias.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E23890N20/html

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