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CONTRALORÍA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS: JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DESTACADA DE MARZO.

Actualizado: feb 11

El día 3 de marzo pasado, el primer paciente con coronavirus fue identificado en nuestro país, el contagiado era un médico de la ciudad de Talca. Pocos días después, el brote de coronavirus COVID-19 fue declarado oficialmente como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.


Así, con el paso de los días, el gobierno ha tomado más y más medidas ante el aumento de los casos, como la implementación del toque de queda y cuarentenas.

Con esta nueva situación, es importante preguntarnos: ¿Cómo reacciona el derecho ante este nuevo escenario? ¿Qué nos dice el derecho público?


Difícil es que el derecho esté preparado para una pandemia, para el escenario exacto que estamos atendiendo.


Sin embargo, durante las últimas semanas la Contraloría ha hecho uso de sus facultades interpretativas frente a estas nuevas circunstancias, emitiendo dictámenes relacionados a la crisis sanitaria del coronavirus, dando luces sobre cómo la función pública puede enfrentarla.


Con esta nueva situación, es importante preguntarnos: ¿Cómo reacciona el derecho ante este nuevo escenario? ¿Qué nos dice el derecho público?

Considerando las nuevas circunstancias, y la oportunidad que representan estos dictámenes en el derecho público chileno, nuestro equipo ha seleccionado los dictámenes más relevantes del mes vinculados al brote de COVID-19:



DICTAMEN 3.610 del 17/3/2020.


Tomando como base que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, y que su finalidad es promover el bien común, la Contraloría señaló que los órganos administrativos deben adoptar las medidas pertinentes para proteger la vida y salud de sus servidores, evitando su exposición innecesaria a un eventual contagio, resguardando la continuidad del servicio y procurando el bienestar general de la población.


En estas circunstancias, se calificó el brote de COVID-19 como un caso fortuito que habilita la adopción de dichas medidas. El órgano contralor definió medidas en torno a tres aspectos: la modalidad de desarrollo de las funciones, los feriados, permisos y licencias, así como respecto a los procedimientos administrativos:


Respecto del desarrollo de las funciones.


En primer lugar, la Contraloría señala que los jefes superiores de los órganos podrán disponer que los servidores, cualquiera sea su vínculo jurídico y siempre que la naturaleza de las labores lo permitan, desarrollen sus trabajo por medios remotos. En estos casos, podrán establecer programas especiales de trabajo que permitan el ejercicio de control jerárquico. No resulta admisible que el personal que realiza su trabajo a distancia haga trabajos extraordinarios, por cuanto no se sujetan a las medidas de control normales.


Para los servidores cuyas labores no puedan realizarse de manera remota, sin que su presencia sea indispensable, el jefe de servicio podrá establecer la no asistencia del personal para evitar la propagación del virus, sin dejar de percibir en forma íntegra sus remuneraciones.

Estas medidas pueden ser adoptadas para todos, sean o no parte de un grupo de riesgo.

En último lugar, el jefe de servicio podrá determinar que unidades o grupos de servidores desarrollen labores mínimas en forma presencial, para garantizar el cumplimiento de las funciones indispensables del servicio. Estas funciones no necesariamente son todas las que asigna el ordenamiento, sino que pueden limitarse a las que deban continuarse prestando en forma presencial en situaciones de emergencia. Este personal podrá tener horarios de ingreso y salida diferidos para evitar la aglomeración de personas.


La adopción de estas medidas se deberá materializar en un acto administrativo fundado que explicite las modalidades adoptadas, los funcionarios que deban mantenerse en modalidad presencial, así como las medidas para el resto del personal.


Feriados, permisos y licencias.


No se podrá exigir a los funcionarios o prestadores de honorarios a solicitar los feriados o permisos a los que tengan derecho.


La licencia médica otorgada por contagio de COVID-19 es un caso calificado que amerita la suspensión del feriado legal, en tanto el descanso para la recuperación es incompatible con el fin de las vacaciones.


Las ausencias cubiertas con licencia médica de COVID-19 de los servidores a honorarios se consideran justificadas y dan derecho a percibir el subsidio respectivo durante todo el tiempo que dure el descanso.


Respecto a los procedimientos administrativos.


Se deben tomar medidas administrativas para que estos se puedan desarrollar por vías electrónicas, igual que la atención de usuarios


Los jefes superiores de servicios pueden suspender o extender los plazos de los procedimientos, con consideración de la naturaleza de los actos terminales y a la igualdad de trato entre los interesados


Se pueden adoptar medidas provisionales para asegurar los intereses implicados en casos de urgencia, así como ordenar la tramitación del procedimiento de urgencia.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace:

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/003610N20/html


DICTAMEN 6.693 del 23/3/2020.


La Asociación Chilena de Municipalidades solicitó un pronunciamiento sobre la procedencia de que los consejos municipales sesionen en forma remota, así como en el efecto en la dieta de los ediles.


Contraloría determinó, tomando en consideración el dictamen N° 3.610 de 2020, que no hay impedimento para que los consejos municipales decidan efectuar sus sesiones en forma remota o a distancia, siempre que así sea acordado por la mayoría absoluta de los concejales. Lo mismo para los consejos regionales


Sobre la dieta de los ediles, se estima que, mientras el concejo acuerde realizar sus sesiones en forma remota, su participación debe ser considerada como asistencia y dar lugar a la dieta correspondiente.


En último lugar, se señala que el deber de los alcaldes de efectuar una cuenta pública, dadas las circunstancias actuales, se puede cumplir por medio de medios electrónicos siempre que se remita un extracto a los destinatarios del artículo 67 de la ley 18.695 y se mantenga la cuenta íntegra en la página de la municipalidad.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace:

https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006693N20/html

DICTAMEN 6.785 del 24/3/2020.


Contraloría emitió este dictamen en relación a las denuncias por las medidas adoptadas por algunos alcaldes respecto a la emergencia sanitaria del país, así como por las denuncias en torno a la aparición frecuente de los mismos en espacios televisivos entregando información ajena a las funciones municipales.


Al respecto, se determinó que corresponde únicamente al Presidente de la República y los jefes de la Defensa Nacional adoptar medidas que afecten derechos fundamentales durante los estados de excepción, “sin que competa a las municipalidades decretar medidas como las aludidas, que importan arrogarse atribuciones de las que carecen y mermar la unidad de acción necesaria para la superar la crisis sanitaria y restablecer la normalidad constitucional”.


En último lugar, se señala que la aparición recurrente de los alcaldes en programas de televisión y radio durante horario laboral, así como la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por dichos medios sin resguardos ni formalidades mínimas, frivoliza la función pública, implica un uso indebido del tiempo que debe destinarse a sus labores, y constituye una sobreutilización de la imagen personal de los ediles.


Puede verse el dictamen en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006785N20/html

DICTAMEN 6.854 del 25/3/2020.


Se pronuncia la Contraloría respecto a las consultas sobre el pago de contratos de aseo, guardias de seguridad y otros celebrados por órganos públicos, por cuanto no se han podido seguir prestando los servicios.


En este caso, el órgano contralor señala que la ley 19.886 así como el decreto N° 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda son normas que “se encuentran encaminadas a disciplinar la relación contractual entre el órgano administrativo y el proveedor en condiciones de normalidad, y no ante el escenario de emergencia sanitaria que afecta al territorio nacional en la actualidad”.


Así, los jefes superiores de los órganos de la Administración del Estado están facultados para revisar las condiciones de prestación de los servicios contratados conforme a la ley 19.886.


Por el otro lado, respecto a los pagos a los proveedores cuando los contratos no se puedan cumplir por el cierre total o parcial de las oficinas e instalaciones de los órganos públicos, se señala que estos son procedentes en lo inmediato, siempre que los proveedores mantengan vigentes los contratos de los trabajadores adscritos y acrediten el pago de sus remuneraciones y obligaciones de seguridad social. Esto, considerando que la imposibilidad en el cumplimiento viene de una situación de caso fortuito o fuerza mayor.


Si se llega a prolongar la situación de excepción y el cierre total o parcial de las dependencias, el órgano contratante estará facultado para modificar el contrato para evitar que se produzca un enriquecimiento injustificado en favor del proveedor.


Todo lo señalado, sin perjuicio de la facultad de los jefes de servicio de evaluar poner término anticipado a los contratos fundados en el interés público (en los términos que prevé la ley, las bases o los contratos respectivos) si las circunstancias lo hacen necesario.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006854N20/html

DICTAMEN 6.962 del 27/3/2020.


Se pronuncia la Contraloría respecto a la consulta del alcalde de Puente Alto, sobre a si las municipalidades pueden efectuar a sus servidores el pago de honorarios del mes de marzo de 2020 en forma anticipada, sin esperar al final de mes, por la crisis sanitaria.


La Contraloría hace presente que su jurisprudencia indica que sólo se puede proceder al pago de los honorarios por servicios personales de carácter mensual una vez que se hayan desarrollado las labores del periodo, significando que debe hacerse por mes vencido.


Sin embargo, dado el caso fortuito que se configura con la crisis sanitaria, y el deber de los órganos de la Administración del Estado de adoptar medidas extraordinarias, “cabe concluir que los alcaldes, así como los demás jefes superiores de los órganos que integran la Administración del Estado, se encuentran facultados para proceder al pago de los honorarios correspondientes a marzo de esta anualidad, sin tener que esperar el vencimiento del mes, en el evento de estimar que con ello se contribuye a aminorar los efectos de la crisis en cuestión”. Esto, solo cuando sean servicios cuyo pago se realice en forma mensual.


En caso de que la disponibilidad de recursos no permita adelantar el pago a todos los servidores los jefes de servicio podrán establecer programaciones para realizar pagos diferenciados, siempre que asegure la igualdad entre los que estén en situaciones similares.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/006962N20/html

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