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CONTRALORÍA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS: JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DESTACADA DE MAYO

Actualizado: feb 11



Como ha ocurrido en los últimos meses, la Contraloría ha seguido ejerciendo sus potestades dictaminantes, pronunciándose tanto de oficio como a petición sobre distintas materias relacionadas a la legalidad administrativa.


Sin embargo, dadas las circunstancias de la crisis sanitaria, varios de estos pronunciamientos han abordado el funcionamiento de la administración en una situación extraordinaria desde distintos ámbitos.


Sin embargo, dadas las circunstancias de la crisis sanitaria, varios de estos pronunciamientos han abordado el funcionamiento de la administración en una situación extraordinaria desde distintos ámbitos

Así, nuestro equipo ha seleccionado algunos de los dictámenes de nuestra Contraloría General durante el mes de mayo que guardan relación con la pandemia:


DICTAMEN 8.721 del 5/5/2020.


El Servicio de Impuestos Internos consultó a Contraloría si procede seguir pagando la asignación de movilización que señala la ley 18.834, Estatuto Administrativo, a los funcionarios que la percibían pero que actualmente están en modalidad de teletrabajo producto de la pandemia de COVID-19.


La Contraloría señala que la asignación de movilización es un beneficio de naturaleza indemnizatoria, resarciendo los gastos en transporte en que incurre el funcionario en cumplimiento de visitas domiciliarias o labores inspectivas que realice fuera de las dependencias en que trabaja habitualmente, pero dentro de la ciudad en que se desempeña.


Esta asignación, por ende, solo se paga cuando se cumple con los presupuestos que la hacen exigible, suspendiéndose cuando el servidor no incurre efectivamente en gastos de movilización. Sin embargo, en la especie, el personal solo se encuentra en la eventualidad de ser convocado su lugar de trabajo y tener que realizar visitas o labores inspectivas fuera del antedicho.


En consecuencia, no procede que el Servicio continúe pagando la asignación a los funcionarios que antes del plan de contingencia sanitaria la recibían, si no verifican la totalidad de los requisitos para ello. Esto, sin perjuicio del derecho a reembolso de los gastos de movilización cuando deban efectuar visitas domiciliarias o labores de fiscalización, conforme al principio de enriquecimiento sin causa.


Puede leerse el dictamen en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/008721N20/html

DICTAMEN 9.074 del 14/5/2020.


La Contraloría Regional de La Araucanía remitió la presentación de la Municipalidad de Curarrehue, en que se solicita aclarar si, en el contexto de la crisis sanitaria del coronavirus, es procedente destinar a los choferes que prestan servicios en el Departamento de Administración de Educación Municipal al Departamento de Salud; esto, por cuanto uno de los chóferes de la última unidad está en cuarentena preventiva, y otros son parte del grupo de riesgo.


También se pide determinar si se puede contratar a técnicos en enfermería de nivel superior que se hayan acogido a los beneficios de incentivo al retiro voluntario en virtud del Decreto n° 4 de 2020, del Ministerio de Salud.


Respecto a los choferes, la Contraloría hace presente que los del departamento de educación se rigen por el Código del Trabajo, y los del departamento de salud por la ley 19.378. Conforme a la jurisprudencia administrativa del mismo órgano, las destinaciones de los funcionarios solo proceden cuando son plazas o funciones reguladas en un mismo estatuto.


Sin embargo, tomando en consideración el criterio del dictamen 3.610 del 17 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 autoriza la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna en los órganos y servicios públicos de la administración del Estado, con tal de asegurar la continuidad mínima de los servicios públicos críticos.


Así, es posible adoptar la medida consultada en forma excepcionalísima, siempre que la decisión se formalice en un acto administrativo fundado en la necesidad de resguardar la salud de la población y el deber de no interrumpir las funciones indispensables para el bienestar de la comunidad.


Respecto a la posibilidad de contratar personal de salud que se haya acogido a los beneficios de incentivo al retiro voluntario conforme al Decreto n° 4 de 2020, del Ministerio de Salud, se hace presente que la normativa establece que en forma excepcional, y por los organismos de salud que se especifican, se podrá contratar a dichos exfuncionarios. Sin embargo, dentro de los organismos mencionados no están las municipalidades.


Dado el carácter excepcional y extraordinario de las potestades otorgadas por el Presidente en el decreto a la autoridad sanitaria, que definió los cuerpos normativos y organismos a los que aplica la exención, no se puede extender dicha facultad de contratación a los municipios sin una decisión de dicha autoridad.


Puede leerse el dictamen en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/009074N20/html

DICTAMEN E5666 del 18/5/2020.


La Municipalidad de Alhué solicitó a Contraloría un pronunciamiento respecto a si puede hacerse cargo de los gastos de traslado, sepultura y/o cremación de ciudadanos extranjeros que habitan en la comuna sin estar inscritos en la ficha de protección social. Esto, en virtud de la situación excepcional de la crisis sanitaria.


La Contraloría hace presente que la Ficha de Protección Social, así como el Registro Social de Hogares, son mecanismos creados para la caracterización socioeconómica de la población nacional, con el fin de desarrollar políticas, aplicar ayudas y beneficios sociales del Estado en circunstancias normales y cuando la ley lo requiera.


También señala que las municipalidades pueden desarrollar funciones relacionadas a la asistencia social, entregando ayuda a personas que se encuentren en un estado de indigencia (estado permanente de escasez de recursos) y necesidad manifiesta (estado transitorio en que los medios de subsistencia resultan escasos frente a un imprevisto). El municipio deberá evaluar las condiciones en que se encuentran los requirentes de dicha asistencia dentro de la comuna, a través de informes sociales y aplicando los sistemas o métodos que estime adecuados (siempre que sean objetivos y de aplicación general).


Así, el que un habitante de la comuna no cuente con su inscripción en el Registro Social de Hogares no impide que el municipio preste ayuda social en casos excepcionales de gravedad, acreditados por medios idóneos, siempre y cuando no se exija por norma expresa un requisito determinado, como tener la antedicha inscripción. Esta ayuda social puede materializarse en costear los gastos funerarios de habitantes de la comuna.


Puede leerse el dictamen en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/0E5666N20/html

DICTAMEN E6087 del 20/5/2020.


La Contraloría se pronuncia, a propósito de una consulta de la Municipalidad de Providencia, sobre si corresponde pagar mayores gastos generales a las empresas contratistas que han paralizado sus faenas de ejecución de obras, producto de la declaración de cuarentena total en la comuna a finales de marzo de este año.


Al respecto, se señala que la declaración de cuarentena constituye una situación de caso fortuito en la medida que sea irresistible e impida el cumplimiento de las obligaciones contractuales, lo que deberá ser determinado por la municipalidad.


Sobre la pertinencia del pago de mayores gastos generales que se soliciten por las paralizaciones de las faenas, ello estará dado por la regulación de dicha compensación y de la fuerza mayor, conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales.


En cuanto a los convenios específicos acompañados en el informe jurídico adjunto, sus bases señalan que la existencia de un caso fortuito o situación de fuerza mayor permitirá al municipio dar término anticipado a los contratos, pero también le dan la posibilidad de aprobar aumentos de plazo respecto al término original de los trabajos. Si dichos aumentos de plazo producto de la fuerza mayor superan el 20% del término original previsto, siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, y al no ser imputables al contratista, deberán serán pagados por el municipio.


Finalmente, en el caso de un acuerdo particular respecto a la conservación del Liceo Carmela Carvajal de Prat, las bases especiales estipulan que en hipótesis de fuerza mayor o caso fortuito podrá autorizarse un aumento de plazo, siempre que el contratista lo informe oportunamente; pero que el Gobierno Regional Metropolitano no dará lugar al pago de gastos generales en caso de aumento de plazos, por lo que, para acceder al aumento de plazo, la IMC solicitará al contratista un documento donde deje expresa constancia de la renuncia a cualquier cobro arraigado a los aumentos de plazo.


Puede leerse el dictamen en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/0E6087N20/html

DICTAMEN 9.405 del 26/5/2020.


La Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores solicitó a Contraloría un pronunciamiento sobre la procedencia de asegurar el pago de la subvención a los proyectos que ejecutan la línea de acción diagnóstica, producto de la pandemia de COVID-19.


Se hace presente que ley n° 20.032 tiene por objeto establecer la forma y condiciones en que el SENAME subvencionará las actividades desarrolladas por sus colaboradores acreditados, en el ámbito de las líneas de acción, entre ellas la de diagnóstico. Por su parte, el reglamento de dicha ley, aprobado por el Decreto N° 841 de 2005, del antiguo Ministerio de Justicia, señala que dicha línea de acción se pagará por servicio prestado.


En el actual contexto de crisis sanitaria han disminuido los requerimientos de informes de este tipo por los tribunales, y muchos de estos tampoco se pueden realizar.


Conforme al dictamen 3.610 del 17 de marzo de este año, el jefe superior del servicio respectivo, teniendo las facultades de dirección, administración y organización, podrá adoptar medidas de gestión interna para el funcionamiento de dicho servicio en el marco de la pandemia de COVID-19, calificada como un caso fortuito.


Asimismo, el dictamen 6.854 del 25 de marzo señaló que es procedente el pago a los proveedores por los contratos que no se cumplan a raíz del cierre total o parcial de las oficinas de los órganos públicos, en lo inmediato, siempre que cumplan con las condiciones que allí se señalan.


Tomando en consideración ambos dictámenes, se ha reconocido la facultad de los jefes superiores del servicio para tomar decisiones de gestión extraordinarias en consideración de las circunstancias de la pandemia, incluyendo medidas respecto a los convenios celebrados con terceros.


Puede leerse el dictamen en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/009405N20/html

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