• Equipo DerechoChile

CONTRALORÍA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS: JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DE OCTUBRE.

Actualizado: feb 10


Como ha ocurrido en los últimos meses, la Contraloría ha seguido ejerciendo sus potestades dictaminantes, pronunciándose tanto de oficio como a petición sobre distintas materias relacionadas a la legalidad administrativa.


Sin embargo, dadas las circunstancias de la crisis sanitaria, varios de estos pronunciamientos han abordado el funcionamiento de la administración en una situación extraordinaria desde distintos ámbitos.


Así, nuestro equipo ha seleccionado algunos de los dictámenes de nuestra Contraloría General durante el mes de octubre que guardan relación con la pandemia:


DICTAMEN E40319 del 2/10/2020.


Un grupo de parlamentarios se dirigió a la Contraloría para consultar sobre la legalidad de que la Dirección del Trabajo estableciera una modalidad de “finiquito laboral electrónico” en su página web.


La Dirección del Trabajo indicó que dicho finiquito laboral electrónico se ajustaría a la legislación laboral, así como las leyes N° 19.880, 19.799 y 21.180. Por su parte, el Ministerio del Trabajo complementó lo indicado por la Dirección, señalando que la implementación del finiquito electrónico satisface un objetivo de bien común y se ajusta al dictamen 3.610, de 2020, de la misma Contraloría General.


Se hace presente que el finiquito no corresponde a un acto administrativo, en los términos del artículo 3 de la Ley N° 19.880, sino que es un acuerdo de voluntades que debe ajustarse a la legislación laboral. Así, no puede justificarse el establecimiento de un finiquito electrónico en base a la ley aludida. En el mismo sentido, tampoco sería posible suscribir dichos instrumentos por medio de la firma electrónica de la Ley N° 19.799, por cuanto se requiere la concurrencia personal de las partes.


Sin perjuicio de lo anterior, tomando en consideración lo definido en el dictamen 3.610 de 2020, previamente referido, así como las condiciones anormales generadas por la pandemia y las medidas decretadas por la autoridad para palear sus efectos, la habilitación por la Dirección del Trabajo de un procedimiento de finiquito laboral electrónico puede entenderse mientras se mantenga dicho contexto excepcional.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E40319N20/html


DICTAMEN E40341 del 2/10/2020.


El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) consultó si corresponde pagar un bono de compensación por los mayores gastos en servicios básicos que han debido sortear los funcionarios sujetos a trabajo remoto producto de la crisis sanitaria. Asimismo, una funcionaria de la Dirección del Trabajo consultó respecto a compensaciones del servicio por gastos referidos a internet, computadores y telefonía de los trabajadores en la misma situación.


Al respecto, la Contraloría General hace presente lo indicado en su dictamen 3.610 del 2020, que faculta a los órganos de la Administración a establecer medidas de gestión interna extraordinarias para resguardar la salud de sus funcionarios, de la población, y asegurar la continuidad mínima necesaria de los servicios, como lo es el trabajo remoto.


Sin embargo, no hay disposiciones legales que establezcan un bono de compensación por mayores gastos producto del trabajo remoto. Al ser una materia propia de reserva legal, no se puede establecer un beneficio de esta naturaleza por medio de jurisprudencia administrativa, por lo que se desestiman las solicitudes.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E40341N20/html


DICTAMEN E40820 del 5/10/2020.


Una empresa impugnó ante la Contraloría un oficio por el cual el Departamento de Cuarteles L.1., dependiente de la Dirección de Logística de Carabineros de Chile, rechazó una petición para aumentar el plazo para subsanar las observaciones efectuadas en la recepción de una obra que se habían adjudicado, de dicha dirección. Asimismo, también pide que se revise el rechazo a la solicitud de suspender los plazos de los trabajos.


En ambos casos, las solicitudes se vinculan con la imposibilidad de los trabajadores de concurrir a la obra producto a los bloqueos en la ruta, realizados por comunidades de la zona, a raíz del brote de COVID-19.


Analizando el marco jurídico que rige el convenio en cuestión, se señala que el caso fortuito es una causa que justifica atrasos parciales en la ejecución de la obra o su suspensión.


El oficio que rechazaba el aumento de plazo habría indicado que los bloqueos de ruta realizados por la comunidad no configuraban caso fortuito, en tanto no eran legales. Sin embargo, la Contraloría “no advierte de qué manera la sola circunstancia de que el cierre de carreteras no haya sido dispuesto por la autoridad administrativa obste a que esa repartición pública, a la luz de los reseñados presupuestos, pueda calificar tales hechos como una situación de caso fortuito o fuerza mayor”.


Así, se define que dicho oficio no está debidamente fundado, por lo que el organismo requerido deberá subsanarlo tomando en cuenta el criterio de la Contraloría.


Por su parte, el oficio que rechazó la suspensión de la ejecución de la obra indicó que hechos como la interrupción de la vía de acceso a la faena se mantendrían mientras no se reestablezca la normalidad del país frente a la pandemia.


El órgano contralor se remite al dictamen 3.610, de este año, que indica que los órganos públicos deben adoptar las medidas de gestión extraordinarias correspondientes en base a los antecedentes que tengan y, señalando que el oficio no está debidamente fundado, ordena que el servicio tome medidas para subsanarlo, tomando en cuenta los datos aportados por el interesado y las circunstancias específicas del caso.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E40820N20/html


DICTAMEN E43837 16/10/2020.


Se consultó a la Contraloría si es procedente contratar personas a honorarios para que se desempeñen como choferes de las ambulancias del Hospital San Juan de Dios para movilizar a pacientes con urgencia, debido a la falta de funcionarios y las dificultades para licitar dicho servicio.


El decreto N° 799, de 1974, que fija normas que regulan el uso y circulación de vehículos estatales, señala que dichos vehículos solo pueden ser usados para el desempeño de tareas inherentes a los cargos de los funcionarios, lo que se vincula a su responsabilidad administrativa. Por regla general, entonces, no corresponde que los contratados a honorarios los conduzcan.


Sin embargo, tomando en consideración la alerta sanitaria y lo determinado en el dictamen 3.610 de 2020, el brote de COVID-19 configura una situación de caso fortuito, la Administración del Estado puede adoptar medidas extraordinarias de gestión interna, asegurando la continuidad mínima necesaria de los servicios.


Por ello, el Ministro de Salud, por orden del Presidente de la República, puede autorizar vía decreto que se faculte a ciertas personas contratadas a honorarios para conducir ambulancias, mientras ello resulte necesario por la falta de dotación de funcionarios que cumplan dicha labor y mientras rija la alerta sanitaria.


Puede leerse el dictamen completo en el siguiente enlace: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/dictamenes/E43837N20/html

13 vistas0 comentarios