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JURISPRUDENCIA DESTACADA: Fallos de la semana del 13 al 19 de julio.


Corte Suprema: Rol N° 43.774-2020 del 13 de julio


Se conoce en segunda instancia de la acción de protección interpuesta por dos personas extranjeras contra el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y su Departamento de Extranjería y Migración, respecto al rechazo de plano de sus solicitudes de renovación de permanencia definitiva, sin darles oportunidad de subsanar los defectos de las mismas, y la imposición de multas por su residencia irregular. El recurso fue rechazado en primera instancia.


Sobre el fondo del asunto, la Corte señala que los documentos no acompañados por los recurrentes en sus solicitudes están en poder de la autoridad administrativa, teniendo el servicio la potestad de solicitarlos a los órganos que poseen dichos antecedentes, por lo que no puede condicionarse el ingreso a tramitación de las peticiones al aporte de dichos documentos por parte de los solicitantes.


Adicionalmente, se hace presente que la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo contempla un plazo de cinco días para subsanar las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable.


Así, la Corte estima que se vulneró la garantía de igualdad ante la ley y acoge parcialmente el recurso, solo en lo referido al ingreso a tramitación de las peticiones. En lo que respecta a la decisión sobre acoger o no las peticiones, y la procedencia de las multas, se deja en manos de la autoridad administrativa.


Corte Suprema: Rol N° 11.446-2019 del 17 de julio


La Municipalidad de Lo Barnechea interpuso recurso de casación en el fondo respecto a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dejó sin efecto un decreto alcaldicio por medio del cual se restringió el horario de funcionamiento de los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas en el sector de San Enrique, dentro de la comuna.


Al respecto, la Corte hace presente que el recurso interpuesto gira en torno a premisas eminentemente fácticas, en tanto se alega que el decreto alcaldicio se fundamenta en actos de perturbación de la tranquilidad de los vecinos del área regulada en el acto.


Sin embargo, dichos hechos no fueron acreditados anteriormente, y dentro del recurso de casación en el fondo no procede la revisión de los hechos sino en el caso que se hayan vulnerado normas probatorias, lo que no se alegó.


Se profundiza indicando que, en la revisión judicial de los actos discrecionales de la administración, se controla principalmente el aspecto normado: se verifica la existencia de la norma que faculta al órgano para decidir y que los presupuestos que determinan su actividad existan. En este caso, el recurso no puede prosperar por cuanto la recurrente no acreditó ante el juez de instancia que los presupuestos fácticos que motivaron su actuación efectivamente ocurrieron.

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