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JURISPRUDENCIA DESTACADA: Fallos de la semana del 15 al 21 de junio.

Actualizado: feb 11


Corte de Apelaciones de Rancagua: Rol N° 22.146-2019 del 16 de junio


Se conoció la acción de protección interpuesta por doña Juana Rojas Soto contra la agrupación llamada Voluntarias del Hospital Damas de Rojo. Señaló la recurrente que el 13 de agosto del año pasado se le envió una carta emitida por el Directorio de las Damas de Rojo, Filial Rancagua, expulsándola de la asociación. Sin embargo, dentro del proceso no se le habría permitido defenderse, no le habrían indicado qué conductas se le imputaron ni cómo configuraban las infracciones acusadas y, por último, habría sido llevado adelante por un órgano incompetente para ello, en tanto la expulsión de miembros corresponde a una facultad del Tribunal de Disciplina de la organización.


La Corte estima que la decisión adoptada por el Directorio de la organización, en vez del Tribunal de Disciplina, lo constituye como una comisión especial prohibida por la Constitución. Además, en la carta de expulsión no se aprecian los fundamentos de la medida, limitándose a transcribir las causales invocadas.


Así, se acoge el recurso, señalando que la sanción deviene en un acto arbitrario que vulnera las garantías de igualdad ante la ley y el debido proceso, por aplicarse una medida por un órgano incompetente y en un procedimiento diverso al establecido para los demás voluntarios.


Puede accederse a la sentencia aquí.


Corte Suprema: Rol N° 21.087-2020 del 19 de junio.


La Corte conoció en segunda instancia del recurso de protección interpuesto por los padres del menor C.A.P.G. en contra de la Scuola Italiana Giuseppe Verdi de Copiapó, rechazado en primera instancia. Los padres del menor recurrieron contra la decisión del colegio de no renovar el convenio escolar del menor, que se habría fundado en sus necesidades de atención especializada por haber sido pre-diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) leve, y no habría obedecido a ninguna causal de su normativa interna.


Los padres señalan que su hijo, que asiste regularmente a terapia y tiene seguimiento médico, no necesitaría de programas especiales en razón de su condición.


La Corte acoge el recurso, señalando que la medida adoptada por el establecimiento es ilegal y atenta contra la garantía de igualdad, en tanto esta no habría sido una medida dirigida a resguardar su bienestar, sino que una sanción por el insuficiente desarrollo de las habilidades académicas definidas y esperadas de los alumnos, conclusión a la que se llega con un informe escolar de la misma recurrida.


Puede accederse a la sentencia aquí.

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