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JURISPRUDENCIA DESTACADA: Fallos de la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre.


Corte Suprema: Rol N° 24.862-2020 del 26 de octubre.


La Corte conoció en segunda instancia de un recurso de protección interpuesto en contra de la ISAPRE Banmédica, por negarse a pagar el subsidio por licencia médica de pre y postnatal.

En primera instancia se rechazó el recurso, en tanto se señala que la actora no agotó el procedimiento administrativo del Decreto Supremo N° 3 de Salud de 1994, por cuanto no impugnó lo resuelto por el COMPIN ante la Superintendencia de Salud; esto, en concordancia con el artículo 54 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, que no permite deducir una petición simultáneamente ante la Administración y los Tribunales.

Sin embargo, tanto la jurisprudencia como la doctrina han entendido que la tramitación íntegra del reclamo administrativo no es necesaria para interponer un recurso de protección, por lo que se incurrió en un yerro en la primera instancia.

Respecto a la negativa de la ISAPRE a pagar el subsidio, los hechos indican que la recurrente había cumplido con creces el pago mínimo de cotizaciones legalmente requeridas para tener derecho al mismo, por lo que se revoca la sentencia de primera instancia y se acoge el recurso.

Corte Suprema: Rol N° 20.891-2020 del 28 de octubre.

Se conoció de un recurso de casación en el fondo, en juicio ordinario sobre indemnización de perjuicios contra el Fisco, en un caso de responsabilidad del Estado por conductas cometidas por el Ministerio Público. La demanda fue rechazada tanto en primera como segunda instancia.

El recurrente alega que no se aplicó debidamente el artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ya que la actuación del mismo no se habría ajustado a un mínimo de racionalidad. Los sentenciadores previos solo habrían circunscrito el error del Ministerio a haberlo formalizado, sin considerar que se le mantuvo detenido y la investigación se extendió por más de 3 años; y que no se habría tomado en consideración el artículo 3º de la misma ley, que establece el deber de objetividad del ente investigador.

La Corte señala que el régimen de responsabilidad del Ministerio Público es mucho más restringido que el régimen normal de la administración, siendo el título de imputación “conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias”, y que, en el caso de autos, el Ministerio Público contaba con antecedentes fácticos que no permiten calificar su actuación dentro de esa premisa, por lo que se rechazó el recurso.

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