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JURISPRUDENCIA DESTACADA: Fallos de la semana del 27 de julio al 2 de agosto.


Corte Suprema: Rol N° 213-2020 del 28 de julio


La Corte conoce la apelación de un reclamo presentado por la Universidad de Chile respecto a una resolución exenta de la Superintendencia de Salud, que rechazó un recurso de reposición contra otra resolución que rechazó la excepción de prescripción que interpuso la misma casa de estudios ante una multa de 700 UTM, como sanción por haber exigido un pagaré en garantía para atender una paciente pediátrica con riesgo vital.


La recurrente señala que, al ser una infracción de ejecución instantánea, se debe entender consumada en el momento que se exigió el pagaré, en julio de 2015, por lo que ya habría pasado el plazo de prescripción de 6 meses que contempla el Código Penal para las faltas. Al conocer del reclamo, la Corte de Apelaciones rechazó la excepción de prescripción señalando que debía aplicar el plazo de 5 años contemplado en el Código Penal para los simples delitos.


La Corte Suprema estima que no corresponde aplicar la prescripción de seis meses que se contempla en el Código Penal, señalando que no se puede asimilar la contravención administrativa a la falta penal, aún si el ius puniendi estatal es único. En ese sentido, las reglas aplicables son las del derecho común, aplicando las reglas generales de prescripción contenidas en el Código Civil, esto es, de 5 años.


Se complementa lo señalado haciendo alusión al artículo 20 del Código Penal, a la armonía con el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias por responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos y el artículo 2497 del Código Civil.


La sentencia se acuerda con el voto de prevención del Ministro Muñoz, que estima aplicable el plazo de prescripción de 5 años propia de los simples delitos, y voto en contra del Abogado Integrante Pallavicini, que estima procedente acoger el recurso.


Corte Suprema: Rol N° 20.791-2020 del 30 de julio


El Instituto Nacional de Derechos Humanos accionó de protección en representación de una ciudadana italiana, contra el Departamento de Extranjería y Migración del ministerio del Interior y Seguridad Pública, por rechazar sus solicitudes de regularización migratoria y de petición de visación de residencia. En este caso, se rechazó el recurso en primera instancia, conociendo la Corte en segunda.


La recurrente señala que las resoluciones que rechazaron las solicitudes se fundaron en un informe de la Policía de Investigaciones, que vinculó a la migrante con actividades antisistémicas que alteraban el orden social y la hacían un peligro para el Estado. Sin embargo, no se precisaron los actos concretos que motivarían dichas decisiones.


La Corte señala que la expulsión corresponde a un acto administrativo que exige un nivel de fundamentación superior al ordinario no solo por ser desfavorable, sino que también por la existencia de normativa internacional que protege a los migrantes; y que la recurrida ha ejercido una potestad de carácter discrecional.


En este contexto, se estima que los actos impugnados no han sido ilegales, al tener respaldo en el Decreto Ley N° 1094 de 1975 y su reglamento, ni arbitrarios, ya que las conductas denunciadas en el informe policial no pueden ser explicitadas en las resoluciones al ser susceptibles de comprometer la seguridad nacional.


Por ello, la Corte rechaza el recurso y confirma la sentencia apelada, señalando que en este proceso no se impugnaron resoluciones que refieran en forma directa a la expulsión de la recurrente, por lo que aún se pueden ejercer los demás recursos que contemple la ley para impugnar dicha decisión particular.

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