• Equipo DerechoChile

JURISPRUDENCIA DESTACADA: Fallos de la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre.


Corte Suprema: Rol N° 21.054-2020 del 28 de septiembre


La Corte conoció del recurso de casación en el fondo interpuesto en el proceso judicial de reclamación contra una multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El recurrente funda su reclamación en una infracción al principio del non bis in idem, por cuanto fue condenado en sede penal a raíz de los mismos hechos por los cuales fue multado por la SVS.


Al respecto, se hace presente que la Ley de Mercado de Valores, a partir de la cual la SVS sancionó al recurrente, permite expresamente la aplicación de sanciones penales no impide que la Superintendencia aplique sanciones administrativas por las mismas situaciones. El objetivo de dicha regla era, efectivamente, que el reproche de la sanción administrativa abarcara toda la ilicitud y reparara el daño causado en el bien jurídico.


Adicionalmente, la facultad de la SVS para imponer la multa arranca del artículo 27 del Decreto Ley N° 3.538, siendo el bien jurídico protegido distinto al del derecho penal: la sanción pecuniaria impuesta por la autoridad administrativa tiene un fin disuasivo, respecto a conductas que atenten con la transparencia y fiabilidad de la información en el mercado de valores; mientras que la sanción penal es netamente retributiva, reprimiendo la conducta del sujeto que realiza el hecho punible.


Corte Suprema: Rol N° 63.240-2020 del 1 de octubre


Se conoce en segunda instancia del recurso de protección interpuesto por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, a favor de sus afiliados, en contra de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, por la dictación de un Oficio que ordena el retorno gradual a las funciones por parte de los empleados públicos, debiendo materializarse a más tardar a fines de abril de este año.


Al respecto, la Corte señala que el oficio en cuestión carece de toda aptitud para vulnerar los derechos fundamentales protegidos en el artículo 20 de la Constitución, en tanto la autoridad lo dictó excluyendo del trabajo presencial a los grupos de riesgo, y obligando a las jefaturas de los servicios a adoptar medidas mínimas para proteger a los funcionarios. Adicionalmente, el plazo señalado en el documento no es de carácter fatal, por cuanto es un hecho público y notorio que el plan de retorno no se ha llevado a cabo a la fecha.


Así, se rechaza el recurso.

1 vista0 comentarios